Según Pagano, las presiones habrían llegado desde distintos despachos del poder: varios ministros y una senadora nacional de peso habrían intervenido para influir sobre las decisiones judiciales.

La denuncia abre un interrogante político e institucional de enorme gravedad: ¿hubo funcionarios del Gobierno que intentaron condicionar el accionar de la Justicia para evitar que se investigara lo ocurrido con el ingreso y la posterior salida de Flávio Bolsonaro del país?

¿Patricia Bullrich, bajo sospecha?

El nombre de Patricia Bullrich aparece inevitablemente entre los interrogantes políticos que despiertan estas declaraciones. Sin embargo, hay una precisión fundamental: Pagano no identificó públicamente a la senadora a la que se refirió. Por lo tanto, no hay elementos suficientes para afirmar que se trate de Bullrich ni para atribuirle una intervención en las presuntas presiones.

La diputada también sostuvo que el episodio dejó rastros y que quienes participaron de esas gestiones habrían cometido una torpeza al dejar evidencias de sus movimientos.

Las preguntas que el Gobierno debe responder

• ¿Qué ministros habrían llamado al fiscal?

• ¿Quién es la senadora que menciona Pagano?

• ¿Qué pruebas se habrían desestimado y por qué?

• ¿Hubo presiones políticas sobre funcionarios judiciales?

• ¿Se investigó suficientemente el ingreso, los controles y la salida de Flávio Bolsonaro?

No estamos frente a una acusación menor. Si las presiones existieron, corresponde determinar quiénes participaron, qué pidieron y con qué finalidad.

La Justicia no puede funcionar al ritmo de las necesidades políticas del Gobierno de turno. Y si hubo funcionarios que intentaron torcer una investigación, deben responder por ello.

En una democracia, el poder político no está por encima de la Justicia. Tampoco puede elegir qué se investiga y qué se tapa.

Hora Reimon .