LA DEFENSA DE CRISTINA CUESTIONA LA SENTENCIA POR VIALIDAD: “SE CAE LA TEORÍA DEL PRINCIPAL BENEFICIADO”

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner bajo la lupa la sentencia por la causa Vialidad y presentó un extenso análisis de más de 1.600 páginas, con el que busca cuestionar los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta.

Uno de los puntos centrales planteados por sus abogados apunta directamente al argumento según el cual las maniobras investigadas habrían tenido como principal beneficiario al empresario Lázaro Báez.

La defensa sostiene que ese razonamiento no se corresponde con determinados elementos analizados en el expediente y plantea que otro grupo empresario vinculado a la familia Macri habría recibido beneficios económicos de magnitud dentro del esquema de obra pública vial.

Ese planteo es utilizado por los abogados para cuestionar la coherencia interna de la sentencia: si el fundamento de la condena se apoya en que determinadas decisiones estatales tuvieron como finalidad beneficiar a un empresario específico, la identificación de otros beneficiarios y el peso económico de los contratos adjudicados se convierte en un elemento que, según la defensa, debe ser explicado.

 ¿Una contradicción en la sentencia?

El eje de la discusión no pasa solamente por determinar quién recibió contratos, sino por establecer qué hechos fueron considerados probados, cuál fue el perjuicio concreto para el Estado y qué relación causal estableció el tribunal entre las decisiones de los funcionarios y los beneficios obtenidos por determinadas empresas.

La defensa de Cristina sostiene que allí aparece una contradicción sustancial que debería ser revisada en las instancias judiciales correspondientes.

La acusación y los tribunales que intervinieron en el proceso, en cambio, sostuvieron una interpretación diferente de la prueba y de la responsabilidad atribuida a los condenados.

Por eso, el debate jurídico continúa abierto: una cosa es que existan empresas vinculadas a distintos sectores que hayan obtenido contratos de obra pública y otra, jurídicamente distinta, es demostrar que una determinada persona fue beneficiada mediante una maniobra ilícita atribuible a los funcionarios condenados.

 La pregunta que queda sobre la mesa

La presentación de la defensa vuelve a colocar el foco sobre una cuestión central de la causa Vialidad:

¿La sentencia explicó de manera consistente quiénes fueron los beneficiarios económicos de las obras, qué perjuicio concreto sufrió el Estado y cómo se vinculó cada uno de esos elementos con la responsabilidad penal atribuida a Cristina Fernández de Kirchner?

Ese es precisamente uno de los puntos que la defensa pretende llevar nuevamente al terreno de la discusión judicial.

En definitiva, las más de 1.600 páginas presentadas buscan algo más que cuestionar una cifra o un contrato: pretenden discutir la lógica sobre la cual se construyó la condena.

Y ahora será la Justicia, en las instancias correspondientes, la que deberá determinar si esos cuestionamientos alcanzan para modificar o revisar los fundamentos de la sentencia.

HORA REIMON