La defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvió a sacudir la causa Vialidad con un dato que, según sus abogados, pone en cuestión uno de los pilares sobre los que se construyó la condena.

Durante una conferencia de prensa, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron un informe técnico elaborado a partir de información de la Dirección Nacional de Vialidad. Según ese análisis, entre 2009 y 2015 se distribuyeron más de US$ 2.000 millones provenientes del fideicomiso investigado y las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% del total.

El planteo de la defensa es directo: si Cristina fue condenada bajo la hipótesis de que el decreto 54/2009 había sido utilizado para beneficiar deliberadamente a Báez, ¿cómo se explica que el Grupo Austral haya recibido menos del 1% de esos fondos?

“Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia, que se lo quería beneficiar a Báez, era falso”, sostuvo Beraldi.

EL DATO QUE APUNTA A OTRO BENEFICIARIO

La defensa también puso el foco en quiénes recibieron la mayor parte de esos recursos.

Según los abogados, el principal destinatario de los fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA, empresa vinculada al empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

El dato no demuestra por sí solo la inocencia de Cristina ni invalida automáticamente una sentencia: lo que hace es plantear un nuevo cuestionamiento factual que la defensa pretende llevar a una instancia de revisión.

Y ahí aparece el núcleo de la discusión.

La defensa sostiene que el tribunal construyó una relación entre el decreto firmado por Cristina, los fondos del fideicomiso y un supuesto direccionamiento en favor de Báez que esta nueva información permitiría discutir.

UNA PRUEBA QUE LA DEFENSA DICE QUE NO HABÍA PODIDO ANALIZAR

Según explicó Beraldi, la información surgió durante la causa Cuadernos, cuando un funcionario de Vialidad presentó una planilla con el detalle de la distribución de los fondos.

Los abogados aseguran que esa documentación permitió reconstruir cómo fueron utilizados los recursos durante el período que coincide con los años considerados en la condena.

Por eso anunciaron que utilizarán este material tanto en el ámbito internacional como en un eventual recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

LA PREGUNTA QUE AHORA VUELVE AL CENTRO DEL DEBATE

La defensa de Cristina sostiene que esta información demuestra que la hipótesis central de la condena no se sostiene.

La Justicia, por su parte, ya estableció una interpretación diferente de la prueba y la sentencia quedó firme luego del rechazo de los recursos extraordinarios.

Por eso, el punto de fondo ahora será determinar qué alcance jurídico tiene esta nueva información, si constituye realmente una prueba nueva y si modifica o no las conclusiones a las que llegó el tribunal.

Pero hay un dato difícil de ignorar:

más de US$ 2.000 millones analizados y apenas 0,85% atribuido al Grupo Austral.

La defensa sostiene que esa cifra obliga a revisar la historia que llevó a la condena.

Y ahora la discusión vuelve a los expedientes.

HORA REIMON
El poder incomoda. Ahí estamos.