MALVINAS: DENUNCIAN POR CONTRABANDO A PESQUERAS QUE OPERAN EN EL ATLÁNTICO SUR BAJO LICENCIAS BRITÁNICAS

La Justicia en lo Penal Económico recibió una denuncia por presunto contrabando contra empresas pesqueras que operarían en aguas del Atlántico Sur explotando recursos naturales argentinos bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas.

La presentación judicial no sólo apunta a determinar si existieron eventuales maniobras vinculadas con la explotación y comercialización de recursos pesqueros, sino que también solicita investigar si pudieron existir responsabilidades de funcionarios argentinos por una eventual falta de vigilancia, patrullaje o acciones destinadas a perseguir los hechos denunciados.

El punto de fondo vuelve a ser el mismo que Hora Reimon viene señalando: Malvinas no es solamente una cuestión de soberanía territorial. También es una cuestión económica y de control efectivo de los recursos del Atlántico Sur.

Porque mientras la política argentina discute declaraciones, gestos diplomáticos y consignas, en el mar continúa desarrollándose una actividad pesquera que involucra recursos estratégicos de enorme valor.

¿Y LA SOBERANÍA SOBRE EL MAR?

La denuncia pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento del esquema de licencias pesqueras británicas en torno a las Islas Malvinas y el rol que tiene —o debería tener— el Estado argentino en el control de los recursos que considera propios.

La cuestión es particularmente sensible porque la pesca representa uno de los principales recursos económicos del Atlántico Sur. Por eso, cualquier denuncia vinculada con su explotación bajo licencias británicas merece una investigación exhaustiva y transparente.

Y aquí aparece una contradicción que no debería pasar inadvertida.

El Gobierno de Javier Milei volvió recientemente a colocar a Malvinas en el centro de su discurso político. Pero hablar de soberanía también implica hablar de pesca, petróleo, control marítimo, presencia estatal y protección de los recursos naturales.

LA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA

La Justicia deberá determinar ahora si los hechos denunciados constituyen efectivamente un delito, quiénes podrían resultar responsables y si existieron incumplimientos de los organismos argentinos encargados del control.

No corresponde anticipar culpabilidades.

Pero sí corresponde preguntar:

¿Quién controla realmente los recursos del Atlántico Sur?

Porque si Argentina reclama soberanía sobre Malvinas, pero empresas explotan recursos de esa zona bajo licencias británicas mientras el Estado argentino es acusado judicialmente de no ejercer suficiente vigilancia, el problema excede largamente una consigna electoral.

Es una discusión sobre soberanía efectiva.

Y esa discusión, hasta ahora, parece estar bastante ausente de los grandes anuncios oficiales.

LECTURA POLÍTICA | HORA REIMON

Malvinas no debería aparecer solamente cuando conviene para una cadena nacional o para una campaña electoral.

La soberanía también se defiende en el mar.

Y defenderla significa controlar quién pesca, qué pesca, dónde pesca, bajo qué licencia, hacia dónde van esos recursos y qué hace el Estado argentino frente a esas operaciones.

La denuncia judicial puede ser el comienzo de una investigación que permita responder esas preguntas.

Porque un país puede repetir cien veces que las Malvinas son argentinas. La verdadera pregunta es cuánto está haciendo para ejercer esa soberanía sobre el territorio y sobre los recursos que reclama como propios.

Por Hora Reimon