LA JUSTICIA FEDERAL SUMA A LA RIOJA COMO QUERELLANTE EN LA CAUSA POR EL DESVÍO DE $1 BILLÓN DEL SISTEMA VIAL
Hora Reimon
La causa que pone bajo la lupa a Milei, Caputo y otros funcionarios avanza con nuevas medidas de prueba
La investigación judicial por el presunto desvío fraudulento de $1 billón correspondientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) sumó un nuevo capítulo: la Justicia Federal hizo lugar a la presentación de la Provincia de La Rioja y de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz como querellantes, con el patrocinio del abogado Jorge Yoma.
La decisión les permite intervenir activamente en el expediente, aportar elementos, solicitar medidas y acompañar al Ministerio Público en el avance de una investigación que busca determinar qué ocurrió con fondos destinados al sistema vial argentino.
Pero la novedad no termina allí.
La Justicia también requirió información y medidas de prueba al Ministerio de Economía, Vialidad Nacional, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
El objetivo será avanzar sobre la documentación relacionada con el manejo y destino de los recursos investigados.
UNA INVESTIGACIÓN QUE APUNTA AL MANEJO DE LOS FONDOS VIALES
De acuerdo con la denuncia, la causa investiga a Javier Milei, Luis Caputo y otros funcionarios por un presunto desvío de recursos del SISVIAL.
La presentación plantea que podrían haberse configurado distintos delitos contra la administración pública, entre ellos defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Se trata, por ahora, de hipótesis delictivas que deberán ser acreditadas o descartadas durante el proceso judicial.
La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, qué fondos fueron asignados, dónde fueron destinados, quiénes intervinieron en las decisiones administrativas y si existió algún perjuicio concreto para el Estado y las provincias.
LA RIOJA PONE EL FOCO EN LAS OBRAS PARALIZADAS
La Provincia de La Rioja sostiene que el problema no puede analizarse únicamente desde una perspectiva contable.
El reclamo incorpora además el impacto que habría provocado la paralización de distintas obras viales consideradas estratégicas, tanto para la provincia como para la integración nacional.
Entre ellas se encuentra el denominado Corredor Bioceánico, que contempla la conexión La Rioja–Chilecito–Pircas Negras–República de Chile.
Para la provincia, la interrupción de este tipo de infraestructura afecta no solamente la conectividad interna sino también las posibilidades de integración comercial y estratégica con Chile y el corredor del Pacífico.
Por eso, la incorporación de La Rioja como querellante adquiere una dimensión política y económica adicional: la provincia busca que se determine si recursos que debían financiar infraestructura vial terminaron siendo utilizados para otros fines.
¿DÓNDE ESTÁN LOS FONDOS?
Esa es, en definitiva, una de las preguntas centrales que deberá responder la investigación.
Si efectivamente existió un desvío de recursos, la Justicia deberá establecer cómo se produjo, quiénes fueron responsables y cuál fue el destino final del dinero.
Y si la hipótesis denunciada no logra ser acreditada, también deberá quedar establecido judicialmente.
Mientras tanto, el expediente avanza con organismos del Estado obligados a aportar información.
Economía, Vialidad Nacional, SIGEN y AGN quedaron en la mira de los requerimientos judiciales.
La documentación que aporten puede resultar determinante para reconstruir el recorrido de los fondos y establecer si hubo irregularidades.
LA PELEA POR LOS RECURSOS DE LAS PROVINCIAS
Desde La Rioja anticiparon que, en su condición de querellante, impulsarán junto al Ministerio Público las acciones necesarias para determinar eventuales responsabilidades penales y civiles.
También reclamarán, en caso de comprobarse la existencia de recursos malversados, que sean restituidos a las provincias.
El planteo abre así otra discusión de fondo en medio de la tensión permanente entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales: quién administra los recursos destinados a las obras públicas y qué sucede cuando esas obras se paralizan.
Porque detrás de cada expediente, cada partida presupuestaria y cada número hay rutas que no se construyen, obras que quedan inconclusas y regiones que pierden infraestructura necesaria para desarrollarse.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si detrás de la denuncia existe solamente una disputa política por los recursos o, como sostiene la acusación, un esquema de manejo irregular de fondos públicos que podría generar responsabilidades penales.
Por lo pronto, la causa avanzó.
Y la pregunta que queda instalada es contundente:
¿DÓNDE TERMINÓ EL BILLÓN DE PESOS QUE DEBÍA DESTINARSE AL SISTEMA VIAL?
Hora Reimon
Donde el poder incomoda, ahí estamos.