POLLICITA: MANO DURA CONTRA LOS COMEDORES POPULARES, ¿BENEVOLENCIA CON EL PODER?

La Justicia argentina vuelve a quedar bajo la lupa. Y esta vez, el protagonista es Gerardo Pollicita, fiscal federal que supo impulsar con firmeza la investigación contra dirigentes y militantes del Polo Obrero por el manejo de fondos vinculados a programas sociales.

En aquella causa, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio de los acusados, en una investigación que apuntó a presuntas maniobras de extorsión y administración irregular de recursos destinados a beneficiarios de planes sociales. 

En el otro extremo aparece Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, investigado por el crecimiento de su patrimonio, operaciones inmobiliarias, gastos en efectivo y el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades.

El 6 de noviembre de 2026, Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener, por ahora, la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública. Solicitó que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar posibles irregularidades tributarias.

Pero atención: Adorni no fue declarado inocente ni sobreseído. La investigación continúa. 

La pregunta política es inevitable: ¿por qué la maquinaria judicial parece avanzar con tanta contundencia cuando los investigados son militantes de organizaciones populares, mientras que ante las sospechas que involucran a funcionarios del poder aparecen interpretaciones que permiten cambiar el eje de las investigaciones?

LOS COMEDORES, LOS PLANES SOCIALES Y EL PESO DE LA JUSTICIA

En la causa del Polo Obrero, la Fiscalía sostuvo que existían elementos para llevar a juicio a los acusados por presuntas maniobras vinculadas con los fondos de los programas sociales.

La investigación puso bajo la lupa a una organización que intervenía en comedores populares y agrupaba a trabajadores desocupados.

No se trata de negar que las denuncias deban investigarse. Se trata de preguntarse si el rigor judicial se aplica con la misma intensidad cuando los investigados pertenecen a sectores vulnerables que cuando las sospechas alcanzan a funcionarios del Gobierno.

Porque en la Argentina de Milei, los comedores populares fueron convertidos en blanco de una ofensiva política y judicial, mientras la pobreza y la emergencia social continúan golpeando a miles de familias.

ADORNI: EL PATRIMONIO BAJO SOSPECHA

El expediente contra Adorni incluyó gastos por cientos de miles de dólares, operaciones inmobiliarias, pagos en efectivo y explicaciones sobre inversiones en Bitcoin realizadas años antes de su ingreso al Gobierno.

Pollicita entendió que la hipótesis de que parte del patrimonio cuestionado se originó antes de su función pública no pudo ser descartada con las pruebas reunidas.

Pero el propio dictamen detectó posibles irregularidades tributarias que deberán ser investigadas en otra jurisdicción. 

Es decir: la causa sigue abierta.

Y la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones sobre el origen de los fondos, la evolución patrimonial de los funcionarios y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

¿SIETE MILLONES DE PESOS POR MES?

También circulan cuestionamientos sobre los ingresos mensuales de Pollicita, con cifras que superan los siete millones de pesos.

Ese dato requiere una verificación documental precisa para establecer su remuneración actual, sin confundir salario bruto, salario neto, adicionales o antigüedad.

Lo que sí resulta legítimo es discutir la responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder institucional, intervienen en causas que afectan directamente a sectores sociales vulnerables y a funcionarios del Gobierno.

LA JUSTICIA NO PUEDE TENER DOS VARAS

La cuestión no es defender a quienes hayan cometido delitos. La cuestión es que la Justicia no puede convertirse en una herramienta de persecución selectiva.

Si hay pruebas contra dirigentes sociales, que se investigue y se juzgue.

Si hay sospechas sobre funcionarios públicos, que se investigue con el mismo rigor, sin privilegios ni atajos.

El problema aparece cuando la dureza del sistema parece concentrarse sobre quienes reclaman comida, trabajo y derechos, mientras las causas que comprometen al poder político se transforman en complejos laberintos judiciales.

En la Argentina de Javier Milei, la pregunta ya no es solamente quién cometió un delito.

La pregunta es: ¿a quién persigue la Justicia con toda su fuerza y a quién le concede el beneficio de la duda?

Porque la igualdad ante la ley no puede ser un slogan. Tiene que ser una realidad.