AySA: el agua del AMBA pasa a manos privadas por 30 años y el Estado obtiene US$340 millones

El Gobierno de Javier Milei concretó este jueves un nuevo paso en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): el 90% de las acciones quedó en manos del consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, que presentó una oferta de US$340,2 millones y se impuso sobre el grupo Roggio, que había ofrecido US$285 millones.

La operación contempla que el grupo ganador opere el servicio durante 30 años, con posibilidad de extender la concesión por otros diez. AySA abastece de agua potable y servicios cloacales a unos 14 millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.

Uno de los nombres centrales del consorcio ganador es Mauricio Filiberti, empresario vinculado a Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control de Edenor. Transclor, además, es proveedor de policloruro de aluminio utilizado por AySA para la potabilización del agua desde 2009.

El dato económico también genera debate: los US$340,2 millones ofrecidos quedaron por debajo de los US$450/500 millones que el Gobierno esperaba obtener por la operación.

El Ejecutivo sostiene que la privatización permitirá reducir el peso de AySA sobre las cuentas públicas y mejorar la infraestructura. Según el Gobierno, entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro.

Pero el contrato también establece compromisos de inversión: el nuevo concesionario deberá ejecutar un plan de acción por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA, durante el período 2027-2031. Además, distintas fuentes señalan obligaciones de inversión superiores a US$2.000 millones durante los primeros cinco años.

Así, el Gobierno transforma a AySA en una concesión privada de largo plazo y entrega el control del servicio de agua y saneamiento de una de las áreas más pobladas del país a un consorcio empresario.

La discusión, ahora, no pasa solamente por cuánto ingresará al Tesoro por la operación, sino también por qué precio pagarán los usuarios, qué inversiones se realizarán, cómo se controlará la prestación y qué rentabilidad tendrá el nuevo operador durante tres décadas.

El agua deja de estar bajo control mayoritario estatal. El 90% de AySA cambia de manos y el contrato proyecta su explotación privada hasta mediados de siglo.

Dato mata relato: la oferta ganadora fue de US$340,2 millones, mientras que el propio Gobierno esperaba recaudar hasta US$500 millones.