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title: "PRESUPUESTO Y SOBERANÍA: MILEI MODIFICA LAS CUENTAS DEL ESTADO Y REFUERZA EL CONTROL SOBRE LOS HIDROCARBUROS EN EL ATLÁNTICO SUR"
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description: "En una misma jornada, el Gobierno publicó dos decretos que impactan sobre áreas estratégicas del Estado. El DNU 867/2026 modifica el Presupuesto nacional y contempla adecuaciones para organismos como Defensa y la CONAE, mientras que el Decreto 868/2026 coloca a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 para controlar las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, incluidas las áreas vinculadas con Malvinas."
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date_published: "2026-09-04T09:01:00-03:00"
date_modified: "2026-09-04T09:07:04-03:00"
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# PRESUPUESTO Y SOBERANÍA: MILEI MODIFICA LAS CUENTAS DEL ESTADO Y REFUERZA EL CONTROL SOBRE LOS HIDROCARBUROS EN EL ATLÁNTICO SUR

**![6d530204-4a67-409b-b783-7fb5721513cf](/download/multimedia.normal.8b2416ab3736d037.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

El Gobierno de Javier Milei publicó este viernes dos decretos que, aunque abordan cuestiones diferentes, tienen un punto de contacto evidente: **el manejo de recursos estratégicos y el papel del Estado frente a cuestiones vinculadas con la soberanía nacional**.

Por un lado, el **DNU 867/2026** modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2026. Por otro, el **Decreto 868/2026** designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

Dos decretos. Dos áreas diferentes. Pero una misma discusión: **qué Estado quiere construir el Gobierno y cuáles son sus prioridades cuando están en juego recursos públicos y recursos naturales estratégicos.**

## Presupuesto: otra modificación por decreto

El DNU 867/2026 dispone adecuaciones presupuestarias para distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.

Entre los organismos alcanzados aparecen el **Ministerio de Defensa** y la **Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)**.

Según los fundamentos oficiales, las modificaciones buscan atender necesidades salariales y operativas, garantizar la continuidad de servicios esenciales y adecuar los créditos presupuestarios frente a cambios en la naturaleza jurídica de determinados organismos.

El decreto establece además que, mientras se realizan las adecuaciones presupuestarias correspondientes, los gastos de organismos que hayan cambiado su naturaleza jurídica continuarán financiándose con créditos de las jurisdicciones de origen.

La decisión tiene aplicación inmediata.

Y vuelve a abrir un debate político que atraviesa toda la gestión de Milei: **hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo mediante decretos en decisiones que afectan directamente la distribución de los recursos públicos.**

El Presupuesto no es solamente una planilla de números. Es la expresión concreta de las prioridades de un Gobierno.

## Defensa y tecnología espacial

Que el **Ministerio de Defensa y la CONAE** aparezcan entre los organismos contemplados por la modificación tampoco resulta menor.

Defensa necesita recursos para sostener su funcionamiento y sus capacidades operativas, mientras que la actividad espacial representa un área estratégica para el desarrollo científico y tecnológico argentino.

Satélites, observación de la Tierra, comunicaciones y tecnología espacial forman parte de capacidades que tienen implicancias económicas, científicas y también geopolíticas.

En un mundo atravesado por disputas por recursos naturales, tecnología y control territorial, la capacidad de un Estado para sostener sus organismos estratégicos se transforma en una cuestión de soberanía.

## Malvinas: petróleo, gas y control del Atlántico Sur

En paralelo, el **Decreto 868/2026** establece otro movimiento relevante.

La norma designa a **Cancillería como Autoridad de Aplicación de la Ley 26.659**, que establece el marco para impedir actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

La legislación contempla sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin la correspondiente habilitación argentina.

Entre las consecuencias previstas se encuentran **inhabilitaciones de hasta 20 años y la reversión de concesiones al Estado**.

El decreto apunta además a fortalecer la coordinación entre organismos públicos para detectar actividades consideradas ilegales en los espacios marítimos vinculados con las **Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur**.

Para los operadores que soliciten determinados permisos también se incorpora la obligación de presentar una declaración jurada que garantice el cumplimiento de la normativa.

## Una disputa que también es energética

La cuestión Malvinas no se reduce al reclamo territorial.

En el Atlántico Sur también están en juego **petróleo, gas, pesca, recursos naturales y control estratégico de los espacios marítimos**.

Por eso, la aplicación de la Ley 26.659 adquiere una dimensión que excede lo administrativo.

Para la Argentina, cualquier actividad hidrocarburífera desarrollada en áreas que considera parte de su Plataforma Continental sin autorización nacional constituye una cuestión vinculada directamente con la defensa de sus derechos soberanos.

Y allí aparece un elemento que conecta ambos decretos: **Presupuesto y soberanía necesitan capacidad estatal para convertirse en políticas concretas.**

## Dos decretos y una discusión de fondo

El Gobierno presenta el DNU 867 como una herramienta necesaria para garantizar el funcionamiento de organismos estatales y adecuar partidas frente a cambios administrativos.

El Decreto 868, en tanto, busca fortalecer los mecanismos de control sobre actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos estratégicos.

Pero ambos dejan planteada una discusión política mayor.

**¿Cuánto Estado necesita la Argentina para defender sus recursos estratégicos?**

Porque no alcanza con reclamar soberanía sobre Malvinas si el Estado no cuenta con capacidad para controlar su plataforma continental.

Tampoco alcanza con hablar de desarrollo tecnológico si los organismos científicos y estratégicos no disponen de recursos suficientes.

Y mucho menos alcanza con aprobar modificaciones presupuestarias si no existe un control transparente sobre **qué partidas aumentan, cuáles disminuyen y cuáles son las prioridades reales detrás de cada decisión**.

El desafío, entonces, no es solamente cuánto dinero se asigna.

Es **para qué se utiliza, quién controla esas decisiones y qué proyecto de país termina financiando el Estado**.

En una misma jornada, el Gobierno movió piezas del Presupuesto y reforzó el marco de control sobre los hidrocarburos del Atlántico Sur.

Dos decretos que, desde ángulos diferentes, vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental:

**¿La soberanía se defiende solamente con discursos o también con presupuesto, ciencia, Defensa, diplomacia y capacidad efectiva para proteger los recursos argentinos?**

***Hora Reimon – Donde el poder incomoda, ahí estamos.***

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