Murió Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su casa tras vivir allí 71 años

Maricarmen Abascal tenía 87 años y había vivido 71 años en el mismo departamento del barrio madrileño de Retiro. El 23 de septiembre fue desalojada después de varios intentos judiciales y de una fuerte movilización de vecinos y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Este miércoles 7 de octubre, Maricarmen murió. Había permanecido hospitalizada desde el desalojo por un cuadro de ansiedad y agotamiento. La causa oficial de su muerte todavía no fue informada, por lo que no corresponde afirmar que el desalojo provocó directamente su fallecimiento.

Pero su historia ya se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda que atraviesa España.

71 años en una casa que terminó en manos de una inmobiliaria

Maricarmen había llegado a esa vivienda en 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Con el paso de los años, el contrato se transfirió primero a su madre y posteriormente a ella.

En 2018, la propiedad fue adquirida por Urbagestión Desarrollo e Inversión (Urbagesa). La empresa cuestionó la continuidad del contrato y reclamó un fuerte aumento del alquiler. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales y llegó a enfrentarse a una renta de hasta 1.650 euros, una cifra superior a sus ingresos mensuales.

El conflicto terminó en los tribunales. Después de varios intentos suspendidos, el 23 de septiembre se ejecutó el desalojo.

Las imágenes de aquella jornada recorrieron España: una mujer de 87 años fue sacada de su vivienda en camilla y trasladada en ambulancia al hospital, mientras cientos de personas se concentraban para intentar impedir el lanzamiento.

El acuerdo llegó demasiado tarde

Después del desalojo se alcanzó un acuerdo que podía permitirle regresar a su vivienda. Pero Maricarmen murió antes de poder volver.

Su fallecimiento provocó nuevas movilizaciones en distintas ciudades españolas. En Madrid, organizaciones sociales y sectores de la oposición reclamaron respuestas frente a la crisis habitacional.

El caso también profundizó el enfrentamiento político alrededor de la vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó al Gobierno de Pedro Sánchez y señaló que el desalojo se produjo bajo la legislación estatal. Desde la oposición madrileña, en cambio, responsabilizaron a las administraciones por no haber garantizado una alternativa habitacional adecuada.

“No son muertes, son asesinatos”

Tras conocerse la muerte de Maricarmen, las protestas recuperaron una consigna que ya había aparecido durante las movilizaciones: “No son muertes, son asesinatos”.

La frase expresa una acusación política de los manifestantes, no una conclusión judicial sobre la causa de muerte.

Lo que sí está documentado es que una mujer de 87 años perdió la vivienda en la que había vivido durante siete décadas, fue hospitalizada después del desalojo y murió dos semanas más tarde.

Ahora su nombre quedó asociado a una pregunta que atraviesa a miles de familias en España:

¿Qué ocurre cuando una vivienda deja de ser un hogar y pasa a ser solamente un activo financiero?

Maricarmen ya no podrá volver a abrir la puerta de aquella casa.

Pero su historia abrió otra puerta: la del debate sobre quién tiene derecho a vivir en una ciudad y qué lugar ocupa el derecho a la vivienda frente a los intereses inmobiliarios.

Dato mata relato.