El propio FMI reconoció que el préstamo de 2018 terminó financiando el rescate de inversores privados
Hora ReimonUna frase del propio Fondo Monetario Internacional vuelve a poner bajo la lupa el multimillonario préstamo otorgado a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
La evaluación ex post realizada por el organismo sobre el acuerdo Stand-By de 2018 sostiene que el programa terminó funcionando como un “rescate financiero financiado por el FMI para acreedores privados e inversores que habían estado especulando con oportunidades de carry trade”.
No se trata de una interpretación periodística: está escrito en el documento de evaluación del propio Fondo.
El acuerdo comenzó en 2018 y, luego de su ampliación, llegó a un acceso de US$57.000 millones, el mayor programa de este tipo aprobado por el FMI hasta ese momento. Finalmente, se desembolsaron alrededor de US$44.000 millones.
El carry trade quedó en el centro
La evaluación del FMI describe cómo, durante los años previos al préstamo, ingresaron importantes cantidades de capitales de corto plazo atraídos por las altas tasas de interés argentinas.
El organismo señala que las LEBAC habían sido objeto de operaciones rentables de carry trade y que, cuando las condiciones cambiaron, comenzó una salida acelerada de capitales.
El informe calcula además que entre fines de 2015 y la implementación de controles de capital en 2019, la formación de activos externos de residentes superó los US$86.000 millones. Los 100 principales compradores concentraron compras netas por unos US$24.679 millones.
En otras palabras: mientras el Estado argentino asumía una deuda gigantesca con el organismo internacional, una parte importante de los capitales privados buscaba abandonar el país.
Un programa que no cumplió sus objetivos
El propio FMI reconoció que el programa no alcanzó sus objetivos de recuperar la confianza, reducir los desequilibrios externos y fiscales, bajar la inflación y promover el crecimiento.
De las doce revisiones previstas, solamente se completaron cuatro antes de que el programa quedara fuera de curso en agosto de 2019.
La evaluación también señaló que el aumento de los pagos netos de deuda privada y la fuga de capitales ejercieron una fuerte presión sobre el tipo de cambio.
El resultado fue conocido por todos: recesión, inflación, aumento de la deuda pública y deterioro de los ingresos reales.
La pregunta que sigue pendiente
El documento del FMI no determina responsabilidades penales individuales. Tampoco corresponde convertir automáticamente sus conclusiones económicas en una condena judicial.
Pero sí deja planteada una pregunta política y económica difícil de esquivar: ¿quién terminó beneficiándose del mayor préstamo de la historia del organismo hasta ese momento y quién quedó obligado a pagarlo?
Mauricio Macri era presidente cuando se firmó el acuerdo. Luis Caputo ocupaba entonces el Ministerio de Finanzas y luego presidió el Banco Central; Federico Sturzenegger había estado al frente del BCRA; Nicolás Dujovne era ministro de Hacienda y Luis Bausili formaba parte del equipo económico.
Las responsabilidades individuales, en caso de corresponder, deben determinarse en las instancias judiciales correspondientes.
Lo que ya está documentado por el propio FMI es otra cosa: el programa fracasó en sus objetivos y el financiamiento terminó sosteniendo a acreedores e inversores privados mientras la deuda quedó sobre las espaldas del Estado argentino.
El interrogante permanece abierto: ¿quién gana cuando el Estado socializa las pérdidas de una fiesta financiera privada?
Dato mata relato.