ALERTA POR EL GIRO EN SEGURIDAD: “Milei prepara el terreno para justificar que haya militares en las calles”

La diputada nacional Raquel “Kelly” Olmos lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de Javier Milei y vinculó el discurso oficial sobre terrorismo con un eventual avance de las Fuerzas Armadas sobre tareas de seguridad interior.

“Están buscando aumentar de manera exponencial la capacidad del Poder Ejecutivo para reprimir sin orden judicial. Es un estado de sitio potencial de carácter permanente, transformando a las Fuerzas Armadas en una policía interior y recuperando la nefasta doctrina de la seguridad interior”, sostuvo Olmos al referirse a las iniciativas oficiales en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

La legisladora también cuestionó directamente las declaraciones de Milei acerca de los supuestos “30.000 terroristas” expulsados del país durante 2025 y 2026.

“Cuando inventa que expulsó a 30.000 terroristas, no es que está loco; está preparando el terreno”, afirmó Olmos. Y agregó: “Para él no hay adversario ideológico: hay comunistas, ratas y terroristas. Si instalás que el que protesta es un terrorista, justificás cualquier despliegue militar”.

El dato de los 30.000 y las explicaciones del Gobierno

El presidente Javier Milei había asegurado en una entrevista que durante 2025 se habían expulsado 10.000 “terroristas” y que en 2026 ya eran otros 20.000. Sin embargo, los registros oficiales publicados hasta ahora no respaldan esa categorización.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones citados por medios nacionales, entre enero y agosto de 2026 hubo 744 expulsiones y 18.947 incidentes de entrada. La mayoría de estos últimos casos estuvo vinculada a cuestiones migratorias y documentación, no a terrorismo. En 2025, las expulsiones registradas fueron 772 y tampoco aparecen casos identificados oficialmente como vinculados al terrorismo.

Ante la polémica, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó que un informe del Ministerio de Seguridad contabilizaba 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. Sin embargo, reconoció que allí se incluían personas rechazadas o no admitidas en frontera por distintos motivos, además de expulsados y personas con alertas internacionales.

El propio Ravier habló de “posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera”, una formulación que no equivale a acreditar que esas más de 20.000 personas fueran terroristas.

La diferencia no es menor: rechazar a una persona en una frontera, expulsar a alguien por una situación migratoria o judicial y acreditar que pertenece a una organización terrorista son categorías completamente distintas.

El debate que llega al Congreso

Las declaraciones de Milei ya provocaron pedidos de informes en el Congreso para determinar de dónde surge la cifra de 30.000 y cuál es el sustento legal y documental utilizado para calificar a esas personas como “terroristas”.

En paralelo, el Gobierno impulsa modificaciones en materia de seguridad nacional que generan cuestionamientos de sectores de la oposición y organizaciones especializadas. El debate gira alrededor de hasta dónde puede avanzar el Estado en materia de inteligencia, vigilancia y seguridad sin afectar las garantías constitucionales.

En ese contexto, Olmos plantea que el problema no estaría solamente en una cifra discutida, sino en el efecto político que puede producir la instalación de una amenaza terrorista permanente.

“Quieren desregular todo en la economía para favorecer a los poderosos, pero acá hiperregulan para disciplinar a la sociedad y subordinarnos a una condición colonial”, sostuvo la diputada.

La advertencia de Olmos es, por ahora, una interpretación política sobre las intenciones y consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno, no un hecho demostrado de que exista un plan para desplegar militares contra manifestantes. Pero el debate sobre los límites entre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia ya está instalado.

Y una pregunta queda en el centro de la discusión: ¿qué consecuencias puede tener convertir la palabra “terrorismo” en una categoría cada vez más amplia dentro del discurso político y de las políticas de seguridad?

Dato mata relato.