Interna en la Corte: convocan conjueces para definir el futuro de la Ley de Tierras
Hora Reimon
La interna en la Corte Suprema volvió a quedar expuesta en medio de la creciente disputa por la Ley de Tierras. Este martes, los tres integrantes del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no lograron alcanzar un criterio común para resolver un nuevo planteo contra el artículo 154 del DNU 70/2023.
Ante la falta de acuerdo, la Corte resolvió integrar el tribunal con dos conjueces. Según informó La Nación, serán sorteados entre los presidentes de las cámaras federales nacionales y provinciales.
La causa fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental que cuestiona la derogación de la Ley 26.737 y sostiene su planteo en la protección constitucional del ambiente y los bienes colectivos. El expediente había sido iniciado en la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente llegó a la órbita de la Corte.
Rosenkrantz, en el centro de la interna
Según la información publicada por La Política Online, Carlos Rosenkrantz mantendría una postura contraria a sostener la vigencia de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. El medio atribuye la falta de acuerdo a una interna dentro del máximo tribunal.
Sin embargo, no existe confirmación pública de que Rosenkrantz haya trabado el acuerdo por una supuesta irritación personal vinculada con el escrache ocurrido en la Patagonia. Esa interpretación corresponde a la versión publicada por La Política Online y debe ser diferenciada de los hechos institucionales comprobables.
Lo que sí está confirmado es que los tres jueces no alcanzaron unanimidad y que, por esa razón, la Corte decidió incorporar dos conjueces para poder avanzar con el expediente.
El artículo 154 que abrió la puerta
La discusión gira alrededor del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.
La Ley 26.737 había establecido, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de límites por nacionalidad y superficie.
El fallo de la Corte del 29 de septiembre no declaró constitucional el artículo 154. El máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había impulsado aquella demanda, no tenía legitimación para promover la acción.
Pero el efecto práctico de aquella resolución fue dejar nuevamente operativo el artículo del DNU que había sido frenado judicialmente.
Ahora aparece una nueva causa, con otros actores y otros argumentos, y la propia Corte deberá definir cómo continúa el proceso.
Una Corte que vuelve a quedar bajo la lupa
La convocatoria de conjueces agrega un nuevo capítulo a una controversia que ya generó fuertes cuestionamientos políticos y sociales.
La propia Corte había aclarado públicamente que no había resuelto todavía la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni sobre la vigencia de la Ley de Tierras, y que otros actores podían acudir a la Justicia con nuevos planteos.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo.
Mientras tanto, la derogación de la Ley de Tierras continúa produciendo efectos y la discusión sobre la posibilidad de adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros permanece abierta tanto en los tribunales como en el Congreso.
La pregunta de fondo ya no es solamente qué dice un decreto o qué resuelve una cautelar. Es qué límites está dispuesto a establecer el Estado argentino sobre la propiedad extranjera de un recurso estratégico como la tierra.
Y ahora, para responderlo, la Corte tendrá que hacerlo con cinco jueces.
Dato mata relato.