PRIVATIZACIÓN VIAL: RUTAS NACIONALES, CONCESIONES PRIVADAS Y UNA OBLIGACIÓN QUE SIGUE SIENDO DEL ESTADO

El Gobierno nacional confirmó que desde este miércoles comenzarán las obras previstas en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), el esquema mediante el cual el Ejecutivo avanza con la gestión privada de distintos corredores de la red vial nacional.

La nueva etapa comprende más de 3.900 kilómetros, distribuidos en ocho tramos: Centro, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Mesopotámico, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Según informó Vialidad Nacional, distintas empresas privadas asumirán desde el 7 de octubre la operación de esos corredores.

La medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., autorizado por el Decreto 97/2025 y encuadrado en el régimen de concesiones de obra pública por peaje. La normativa establece que las empresas estarán a cargo de tareas como construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores concesionados.

EL NEGOCIO PUEDE SER PRIVADO, LA RESPONSABILIDAD NO DESAPARECE

El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca trasladar al sector privado la gestión y el mantenimiento de los corredores, reducir el déficit estatal y establecer un sistema basado en concesiones y peajes.

La propia documentación oficial señala que las concesiones contemplan la explotación, administración, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, mientras que Vialidad Nacional mantiene funciones de supervisión y control del cumplimiento contractual.

Y ahí aparece la discusión que debería estar en el centro.

Porque una ruta nacional no es solamente una línea de asfalto.

Es el camino por el que circulan trabajadores, ambulancias, estudiantes, transportistas, productores, familias y millones de argentinos.

Si el Estado concesiona la explotación y el mantenimiento, no puede concesionar también su responsabilidad de controlar que las rutas sean seguras.

El Estado puede cambiar el modelo de administración. Puede entregar una concesión. Puede establecer peajes y exigir inversiones privadas.

Pero el control, la seguridad vial y la defensa del interés de los usuarios siguen siendo cuestiones públicas.

MÁS DE 9.000 KILÓMETROS EN EL NUEVO ESQUEMA

La Etapa III se suma a las etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones y forma parte de un proceso más amplio de transformación de la red vial.

El Gobierno había establecido que la iniciativa busca que el sector privado gestione corredores bajo contratos de concesión, con obligaciones específicas de inversión y mantenimiento. En febrero de 2026, el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación para los ocho tramos de esta tercera etapa.

El dato político y económico es significativo: miles de kilómetros de rutas nacionales pasan de un esquema de administración estatal a uno basado en concesiones privadas.

Ahora habrá que mirar los resultados.

Porque una cosa es anunciar la privatización.

Otra muy distinta es garantizar que las rutas estén en condiciones, que las obras se hagan, que los contratos se cumplan y que el usuario no termine pagando dos veces: primero con sus impuestos y después con el peaje.

EL PUNTO CLAVE: ¿QUIÉN CONTROLA?

El Gobierno afirma que Vialidad Nacional será responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados.

Ese control será determinante.

Porque si una concesionaria incumple, el Estado deberá tener capacidad real para fiscalizar, exigir inversiones, aplicar sanciones y garantizar que las rutas sean transitables y seguras.

Privatizar una ruta no significa privatizar la obligación estatal de proteger a quienes la utilizan.

La discusión, entonces, no termina con quién administra el camino.

Empieza ahí.

Dato mata relato.