La Justicia rechazó el pedido de medida interina urgente presentado por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

La presentación había sido realizada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, luego del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154.

Pichetto y Massot habían solicitado que, mientras se tramitara la causa, se suspendiera la posibilidad de concretar operaciones que pudieran consolidar nuevos derechos sobre tierras rurales adquiridas por extranjeros.

El argumento central de los legisladores era que las operaciones realizadas durante el período de vigencia de la derogación podrían posteriormente ser invocadas como “derechos adquiridos”, dificultando una eventual restitución de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.

La Ley de Tierras vuelve a estar en el centro del conflicto

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre sus principales disposiciones fijaba un máximo del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o entidad equivalente.

También establecía límites por nacionalidad y superficie y contemplaba restricciones específicas para inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de determinados cuerpos de agua.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa normativa.

La Corte no resolvió la constitucionalidad del artículo 154

El pedido de Pichetto y Massot fue presentado después de que la Corte Suprema revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación.

Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154. La decisión se basó en que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado aquella demanda, no tenía legitimación suficiente para promoverla.

A partir de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir efectos.

La pelea ahora también está en el Congreso

La disputa judicial se desarrolla en paralelo con el debate parlamentario. La Cámara de Diputados tiene prevista para el 15 de octubre una sesión especial en la que se busca tratar el DNU 70/2023.

Mientras tanto, el rechazo de la medida interina significa que por ahora no se suspenden judicialmente los efectos del artículo 154 a través de este pedido de urgencia.

El conflicto, entonces, queda abierto en dos frentes: la Justicia deberá resolver la cuestión de fondo y el Congreso deberá definir qué hace con el DNU 70/2023.