La vicepresidenta Victoria Villarruel puso sobre la mesa uno de los problemas más sensibles de la economía argentina: la falta de empleo formal y el avance de formas de trabajo cada vez más precarizadas.

“La falta de empleo en Argentina ha empujado a millones de ciudadanos a trabajar en plataformas digitales, que los despojan de estabilidad, vacaciones y cobertura social. Si el Estado no interviene, la marginalidad va a empeorar”, advirtió.

Las declaraciones tienen un peso político particular. No provienen de un dirigente opositor, de un sindicato ni de un economista crítico del Gobierno. Las formuló nada menos que la vicepresidenta de la Nación, integrante de la fórmula presidencial que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada.

El diagnóstico pone en discusión las consecuencias sociales del modelo económico libertario. Detrás de las estadísticas de actividad y equilibrio fiscal hay trabajadores que pierden sus empleos registrados, personas que dependen de aplicaciones para generar ingresos y familias que enfrentan condiciones laborales sin garantías básicas.

El trabajo precario como alternativa ante la falta de oportunidades

El crecimiento del trabajo mediante plataformas digitales refleja una transformación del mercado laboral, pero también expone una problemática estructural: cada vez más personas deben buscar alternativas para conseguir ingresos ante las dificultades para acceder a un empleo estable.

Sin vacaciones pagas, licencias, aportes jubilatorios garantizados ni cobertura social equivalente a la de un trabajador registrado, estas modalidades dejan a miles de personas expuestas a una mayor vulnerabilidad económica.

Villarruel advirtió que, sin políticas públicas que intervengan sobre esta realidad, el problema puede profundizarse.

Una contradicción dentro del Gobierno

La declaración abre un interrogante político inevitable. Mientras Milei sostiene una política basada en la reducción del Estado, la desregulación y la retracción de la intervención pública, su vicepresidenta reclama precisamente una mayor participación estatal para enfrentar la precarización y proteger el empleo.

También puso el foco en la necesidad de respaldar a las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para la producción y la generación de puestos de trabajo.

No es una diferencia menor: el debate gira alrededor de qué Estado necesita la Argentina y qué herramientas deben existir para proteger a quienes viven de su trabajo.

El diagnóstico que incomoda a la Casa Rosada

La advertencia de Villarruel deja expuesta una realidad que no puede resolverse solamente con discursos sobre libertad económica: si el empleo formal retrocede y crecen las modalidades laborales sin protección, la pregunta es quién se hace cargo de las consecuencias sociales.

La vicepresidenta no necesita compartir las críticas de la oposición para reconocer que existe un problema. Su propio diagnóstico instala una discusión dentro del oficialismo.

Cuando hasta la vicepresidenta advierte que la falta de empleo y la precarización pueden empujar a millones de argentinos hacia la marginalidad, el Gobierno tiene una pregunta pendiente: ¿dónde está el trabajo digno que prometió?

HORA REIMON 

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