Los supremos salieron a defender su fallo sobre la Ley de Tierras y a cuestionar los llamados «discursos de odio». Mucha sensibilidad frente a las críticas, pero ninguna urgencia por resolver el fondo de una discusión que compromete el patrimonio territorial argentino.

La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar sus prioridades. Después de un fallo que dejó sin efecto la sentencia que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, los jueces salieron a responderles a quienes cuestionaron su decisión.

¿El problema para los supremos? Los «discursos de odio» y las críticas públicas.

Ahora bien, ¿dónde está la misma preocupación cuando se discute la extranjerización de tierras, el control de los recursos naturales y la soberanía territorial?

Hay algo que conviene recordarles: los jueces no están por encima de la ciudadanía. No son intocables, no son dueños de la verdad y sus decisiones pueden y deben ser cuestionadas.

La Corte dice que hay que respetar las instituciones. De acuerdo. Pero respetar las instituciones no significa guardar silencio frente a decisiones judiciales que afectan intereses colectivos.

Y acá está el punto central: el fallo no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, sus consecuencias sobre la vigencia de las restricciones quedaron en el centro de la polémica.

Mientras tanto, la Argentina sigue discutiendo quién puede comprar su territorio, qué protección tienen sus recursos estratégicos y hasta dónde llega la soberanía nacional.

Para defender sus propios fallos, los supremos encontraron tiempo para salir a hablar. Para dar una respuesta definitiva sobre una cuestión tan sensible para el país, todavía hay mucho por discutir.

La Justicia no necesita aplausos. Necesita independencia, transparencia y responsabilidad institucional.

Porque la tierra argentina no es un negocio inmobiliario para repartir entre poderosos. Y la soberanía no se negocia en silencio.