El Gobierno publicó la Resolución 483/2026 del Ministerio de Justicia y creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB).

La norma habla de combatir delitos informáticos, pero también abre una agenda mucho más amplia: inteligencia artificial, rastreo y trazabilidad de evidencia digital, activos virtuales, ciberseguridad y cooperación entre organismos públicos, Justicia, fuerzas de seguridad, empresas y actores internacionales.

El programa tendrá carácter permanente y funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal. Además, podrá conformar mesas interinstitucionales con organismos y actores públicos o privados.

Y acá aparece la pregunta que no puede esquivarse:

¿Quién controla las herramientas que se utilizan para controlar el delito digital?

Porque una cosa es perseguir una estafa, una amenaza, una operación de lavado o un ataque informático. Otra muy distinta sería utilizar las enormes capacidades tecnológicas disponibles para ampliar indiscriminadamente la vigilancia sobre ciudadanos.

La propia resolución establece que el tratamiento de datos personales deberá respetar la Ley 25.326. Es decir, el PRONACIB no crea por sí mismo una autorización general para espiar ciudadanos.

Pero justamente por eso habrá que mirar con lupa lo que venga después: los protocolos, convenios, bases de datos, herramientas de inteligencia artificial, mecanismos de intercambio de información y criterios de utilización de evidencia digital.

El documento oficial reconoce que la IA puede utilizarse para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos, pero también plantea su utilización en investigaciones penales y análisis de información.

El debate no es si hay que combatir el ciberdelito. Claro que sí.

El debate es otro:

 ¿Qué información podrá recopilar el Estado?
 ¿Quién podrá acceder a ella?
¿Cuánto tiempo podrá conservarse?
¿Qué controles judiciales existirán?
¿Qué participación tendrán empresas privadas?
 ¿Cómo se evitarán abusos de herramientas de IA?
 ¿Qué mecanismos tendrá un ciudadano para defenderse ante un eventual uso indebido?

Porque cuando el Estado adquiere nuevas herramientas de vigilancia e investigación, la discusión sobre los controles democráticos no puede llegar después.

La tecnología puede servir para perseguir delincuentes.

Pero también necesita límites claros para que el poder de investigar no termine convirtiéndose en poder de vigilar.

Hora Reimon va a seguir la letra chica. Porque en el mundo digital, muchas veces el verdadero poder no está en lo que se anuncia, sino en los datos que se pueden recopilar y quién termina teniendo acceso a ellos.