CITADOS EN LA JUSTICIA: LOS INFLUENCERS LIBERTARIOS AHORA TIENEN QUE DAR EXPLICACIONES
Lo que durante meses circuló como agresiones y acusaciones en redes sociales ahora tiene un escenario diferente: la Justicia.
La fiscal porteña Celsa Ramírez tomó este jueves declaración indagatoria a Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de la causa iniciada por el diputado nacional Esteban Paulón. Según fuentes judiciales citadas por medios porteños, ambos se negaron a declarar y presentaron un escrito a través de su defensa.
La investigación alcanza también al abogado Alejandro Sarubbi Benítez, conocido como “Gordo Leyes”; a Pablo Sebastián Pazos, “Gordo Pablo”; y al escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei. Sus declaraciones fueron fijadas para este viernes 18 de septiembre.
¿Qué denunció Paulón?
La presentación judicial sostiene que el diputado fue objeto de una campaña sostenida de hostigamiento digital, con publicaciones y expresiones que lo vincularon con la pedofilia, el narcotráfico y el VIH, entre otras acusaciones.
La denuncia también cuestiona que esas expresiones hayan utilizado su orientación sexual y su actividad vinculada a políticas de diversidad como parte de los ataques. La fiscalía investiga si los mensajes pueden configurar delitos como amenazas, instigación a la violencia y discriminación.
Uno de los elementos incorporados al expediente es una reconstrucción de publicaciones realizadas en redes sociales y fragmentos del programa de streaming La Misa, emitido por Carajo.
DE LA PANTALLA A LA FISCALÍA
Durante mucho tiempo, las redes sociales funcionaron como territorio de impunidad para el insulto, la acusación sin pruebas y el hostigamiento.
Ahora la discusión llegó a Tribunales.
Y hay una cuestión central: una citación judicial no significa una condena. Los investigados tienen derecho a defenderse y la fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso.
Pero el expediente abre un debate que excede a Paulón y a los protagonistas de esta causa:
¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el hostigamiento, la amenaza o la discriminación?
La respuesta no la tienen los trolls, los influencers ni los políticos. La tendrá, en última instancia, la Justicia.
Las redes pueden ser una herramienta para discutir ideas. También pueden convertirse en una máquina de escarnio cuando la agresión sistemática reemplaza al debate.
Lo que está ocurriendo ahora es que algunas de esas expresiones dejaron de ser solamente posteos, videos o provocaciones frente a una cámara: entraron en un expediente judicial.
Y cuando la Justicia llama a declarar, ya no alcanza con apretar “publicar”.
HORA REIMON — Donde el poder incomoda. Ahí estamos.
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