UNIVERSIDADES: EL PRESUPUESTO 2027 CONSOLIDA EL AJUSTE Y LOS SALARIOS SIGUEN LEJOS DE 2023
Hora Reimon
La motosierra también pasa por las aulas.
El nuevo proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Gobierno nacional el 15 de septiembre, prevé un incremento nominal del 20,9% para el Programa 26, correspondiente al “Desarrollo de la Educación Superior”. Pero detrás del número nominal aparece otra realidad: el financiamiento universitario quedaría 25,2% por debajo, en términos reales, del nivel registrado en 2023.
El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado este 17 de septiembre, que analiza la evolución del presupuesto universitario y los salarios docentes y no docentes.
MÁS PRESUPUESTO EN PESOS, MENOS RECURSOS EN TÉRMINOS REALES
El informe muestra que el ajuste sobre las universidades no comenzó con el proyecto 2027.
Entre 2023 y 2025, la caída real del presupuesto universitario alcanzó el 35,4%. Para 2026, el CEPA calcula una reducción real respecto de 2023 y señala que el proyecto 2027, aunque contempla un crecimiento real del 0,3% frente al crédito vigente de 2026, no recupera los niveles de financiamiento de 2023.
Hay además una diferencia significativa entre lo que establece el Presupuesto 2027 y lo que habría implicado aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Según el informe, si la Ley 27.795 se hubiera aplicado, el presupuesto universitario ascendería a $9,74 billones a valores de 2027. Esa cifra sería 29,8% superior al monto previsto en el proyecto presupuestario del Gobierno.
LA LEY QUE EL GOBIERNO SIGUE SIN APLICAR
La historia viene de 2025.
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso, vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras con mayoría agravada.
Luego, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que no estaban determinadas las partidas necesarias para financiarla. El informe señala que posteriormente la Justicia Federal declaró inaplicable ese decreto y ordenó al Estado cumplir con la ley.
El resultado, según CEPA, es que la norma lleva 330 días sin ser aplicada.
EL OTRO AJUSTE: EL SALARIO
Pero el problema universitario no se limita al presupuesto institucional.
También está el salario de quienes sostienen diariamente las universidades públicas.
Según el CEPA, hasta agosto de 2026, docentes y no docentes universitarios mantienen una pérdida del 25% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
El informe señala que la caída llegó a acumular un 32,1% hasta diciembre de 2025 y que durante los primeros ocho meses de 2026 hubo una recuperación real del 10,3%. Sin embargo, esa recuperación todavía no alcanzó para volver al nivel de noviembre de 2023.
Y hay casos todavía más contundentes.
Un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad cobraba, a valores de agosto de 2026, el equivalente a $1.163.366 en noviembre de 2015. En agosto de 2026, esa remuneración se ubicaba en $652.727: una pérdida real del 43,9% frente a aquel año.
CUANDO EL SALARIO NO ALCANZA PARA LLEGAR A FIN DE MES
El informe también compara los salarios básicos universitarios con las canastas oficiales.
En agosto de 2026, la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes alcanzó $1.605.497, mientras que la Canasta Básica Alimentaria llegó a $726.469.
De acuerdo con CEPA, solamente los profesores titulares y asociados con dedicación exclusiva superaban la línea de pobreza entre las categorías docentes analizadas. En el caso del personal no docente, únicamente las tres categorías superiores superaban los $1.605.497 de la Canasta Básica Total.
El panorama es todavía más duro cuando se observa la Canasta Básica Alimentaria: la totalidad de las categorías con dedicación simple se encontraba por debajo de ese valor, según el informe.
EL PRESUPUESTO Y LA LETRA CHICA
El proyecto 2027 incorpora además un punto que el CEPA considera relevante: dentro del Programa 26 aparecen $851.558 millones destinados al concepto “Fortalecimiento de Recursos Humanos”, pero esos fondos figuran “bajo la línea”, por lo que su ejecución queda sujeta a la decisión de la Secretaría de Educación.
En otras palabras: el número está presupuestado, pero su ejecución no aparece garantizada de manera automática.
La discusión universitaria vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede a docentes, estudiantes y trabajadores no docentes.
¿Qué lugar ocupa la educación pública en el modelo de país que propone el Gobierno?
Porque los números muestran una secuencia: fuerte caída real del presupuesto desde 2023, salarios que todavía no recuperan el poder adquisitivo perdido y un Presupuesto 2027 que, según CEPA, mantiene al financiamiento universitario por debajo de aquel nivel.
La discusión no es solamente cuánto dinero aparece escrito en una planilla.
Es qué universidad se puede sostener con esos recursos, qué salario reciben quienes trabajan en ella y qué condiciones quedan para enseñar, investigar y formar profesionales.
La motosierra puede cortar una partida presupuestaria. Pero detrás de cada partida hay aulas, docentes, investigadores, trabajadores y estudiantes.
Y cuando el ajuste se transforma en política educativa, la pregunta ya no es solamente cuánto se ahorra.
La pregunta es qué país queda después del recorte.
Hora Reimon. El poder incomoda. Ahí estamos.