29 TONELADAS DE CARNE Y UNA PURGA EN OLIVOS: CUANDO EL ESCÁNDALO TERMINA MIRANDO HACIA ADENTRO
Hora Reimon
Hay algo que el Gobierno de Javier Milei todavía no logró privatizar: la indignación de la gente cuando aparecen gastos millonarios en el corazón del poder.
La polémica estalló por una licitación destinada al abastecimiento de alimentos para Casa Rosada y la Quinta de Olivos. El volumen llamó particularmente la atención: unas 29 toneladas de carne, dentro de una contratación que rondaría los $500 millones.
No es solamente una cuestión de kilos.
Es el contraste.
Mientras desde el Gobierno se insiste con la motosierra, el sacrificio, el esfuerzo y la necesidad de ajustar cada peso del Estado, aparece una compra de semejante magnitud destinada a alimentar a las estructuras presidenciales.
Y cuando la información se conoce públicamente, aparece el segundo capítulo.
LA FILTRACIÓN QUE TERMINÓ EN UNA PURGA
Según publicó La Política Online, Milei quedó molesto por la filtración de la información y decidió avanzar con una reestructuración del personal de la Quinta de Olivos.
La publicación sostiene que 12 trabajadores civiles fueron desplazados y que parte de sus funciones serían cubiertas por personal de las Fuerzas Armadas.
Si la secuencia informada por LPO se confirma, la pregunta es inevitable:
¿El problema fue la compra o que alguien contó que existía?
Porque una administración pública puede discutir una licitación, explicar sus necesidades, justificar cantidades y mostrar los números.
Lo que resulta mucho más incómodo es que, después de que una información sobre una compra pública se vuelve noticia, quienes trabajan dentro de la residencia presidencial terminen pagando las consecuencias.
LA MOTOSIERRA TAMBIÉN LLEGÓ A LA COCINA
El Gobierno construyó buena parte de su identidad política alrededor de la reducción del gasto público.
Pero la motosierra tiene una particularidad: cuando se aplica desde arriba hacia abajo, siempre conviene preguntar quién corta y quién queda del otro lado del mostrador.
La discusión sobre las 29 toneladas de carne no debería reducirse a una pelea partidaria.
Hay preguntas concretas que merecen respuestas concretas:
¿Para qué período estaba prevista semejante cantidad?
¿Cuántas personas iban a ser abastecidas?
¿Cuál fue el mecanismo de contratación?
¿Cuánto se terminó pagando?
¿Y qué relación existe entre la filtración de la licitación y el desplazamiento de los trabajadores de Olivos denunciado por LPO?
Son preguntas básicas cuando hablamos de recursos públicos.
EL CONTRASTE QUE MOLESTA
La controversia también aparece en un contexto donde el consumo de carne viene siendo golpeado por la pérdida de poder adquisitivo.
Mientras muchas familias tienen que mirar el precio antes de poner un kilo de carne en el carrito, una licitación presidencial pone sobre la mesa decenas de toneladas destinadas al funcionamiento de las sedes del Poder Ejecutivo.
El contraste no necesita demasiada edición.
Está ahí.
Y por eso la discusión no es solamente gastronómica.
Es política, institucional y presupuestaria.
Porque quienes gobiernan con el discurso de que “no hay plata” también tienen que explicar cómo se administran los recursos cuando se trata de las estructuras del propio poder.
La transparencia no puede funcionar solamente cuando conviene.
Si una compra es legal, se explica.
Si una cantidad responde a una necesidad operativa, se justifica.
Si los trabajadores fueron desplazados por razones administrativas, se informa.
Y si no existe relación entre la filtración y la purga denunciada, también debería explicarse claramente.
Porque hay una diferencia enorme entre ajustar el Estado y ajustar cuentas con quienes hacen visible lo que ocurre dentro del Estado.
Las 29 toneladas de carne ya están en la discusión pública.
Ahora faltan las respuestas.
Porque cuando el poder se enoja con la información, la pregunta deja de ser cuánto costó la carne. La pregunta pasa a ser cuánto cuesta, para algunos, que la información salga a la luz.
Hora Reimon. El poder incomoda. Ahí estamos.