Presupuesto 2027: el Gobierno cambia el régimen de discapacidad y deja al CUD sin acceso directo a la pensión

El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso incorpora, dentro del Presupuesto 2027, modificaciones centrales al sistema de discapacidad. El texto elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para acceder a la pensión, modifica el régimen de prestaciones y cambia el esquema de actualización de los aranceles. Organizaciones y legisladores cuestionan el impacto de las medidas.
17 de septiembre de 2026Gus ReimonGus Reimon

El Gobierno de Javier Milei incorporó en el proyecto de Presupuesto 2027 un capítulo que modifica aspectos centrales del sistema de discapacidad.

La iniciativa no elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documento que acredita una discapacidad. El cambio es más específico: el CUD dejaría de ser una vía legal y directa para acceder a la pensión no contributiva por discapacidad, mientras que los requisitos de acceso pasarían a quedar definidos, en buena medida, por la reglamentación del Poder Ejecutivo.

El cambio que encendió las alarmas

Actualmente, la legislación vinculada a la emergencia en discapacidad contempla al CUD dentro del esquema de acceso a la pensión.

El proyecto enviado por el Ejecutivo modifica ese régimen y vuelve a introducir el criterio de “invalidez laboral” para determinar el acceso al beneficio.

Según el análisis publicado por Chequeado, el proyecto también establece que la pensión dejaría de ser compatible con un empleo formal, modificando el régimen actualmente vigente.

Para sectores de la oposición, el cambio representa un retroceso respecto del enfoque basado en derechos que sostiene la legislación actual. El diputado Juan Marino, por ejemplo, sostuvo que la iniciativa elimina por ley al CUD como vía directa de acceso y traslada requisitos hacia la reglamentación del Ejecutivo. Se trata de una interpretación política de un legislador opositor, no de una conclusión judicial.

También cambia el sistema de prestaciones

El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 no se limita a las pensiones.

El proyecto propone modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, eliminando el esquema de valores universales y la actualización automática actualmente prevista. Esto afecta directamente la discusión sobre cuánto reciben los prestadores que brindan tratamientos, terapias, transporte y otros servicios vinculados con la discapacidad.

La preocupación de las organizaciones y de sectores de la oposición es que la modificación pueda generar una fragmentación de los valores que reciben los prestadores y aumentar la presión sobre instituciones que ya vienen reclamando por el atraso de los aranceles.

El capítulo que apareció en medio de las negociaciones

El contenido del Presupuesto generó además sorpresa dentro del propio oficialismo.

Según publicó Infobae, diputados de La Libertad Avanza se encontraron con el capítulo de discapacidad cuando el proyecto ya había sido enviado al Congreso, en un momento en que el Gobierno mantenía negociaciones con bloques aliados para avanzar con una nueva legislación sobre la emergencia en discapacidad.

La Nación también informó que el proyecto deroga los artículos 5°, 8°, 9° y 14° de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793 y modifica aspectos centrales del régimen de prestaciones.

La discusión detrás del superávit

El Gobierno presenta el Presupuesto 2027 como una hoja de ruta para mantener el superávit fiscal. El proyecto contempla un gasto total de alrededor de $202,1 billones y proyecta superávit primario y financiero.

Ahí aparece la discusión política de fondo.

Para el oficialismo, el equilibrio fiscal constituye uno de los pilares de su programa económico. Para sus críticos, el interrogante es qué costos sociales se están trasladando para alcanzar ese resultado fiscal.

En discapacidad, la pregunta es particularmente sensible: ¿cuánto del ajuste termina recayendo sobre las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que sostienen cotidianamente el sistema?

El proyecto todavía debe atravesar el debate parlamentario. Por lo tanto, no se trata de una modificación ya vigente, sino de una propuesta del Poder Ejecutivo que deberá ser discutida y eventualmente modificada por el Congreso.

Lo que sí está sobre la mesa es un cambio profundo: el CUD seguiría existiendo como certificado de discapacidad, pero dejaría de funcionar como vía directa para acceder a la pensión bajo el esquema propuesto por el Gobierno.