Indemnizado con $110 millones y contratado al día siguiente: el curioso pase de ENACOM al INTA

En pleno discurso oficial de reducción del gasto público y ajuste de la estructura estatal, un caso volvió a poner bajo la lupa el manejo de los recursos del Estado.

Se trata de Daniel Alfredo Neira, quien dejó su cargo como subdirector de Contabilidad y Finanzas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y recibió una indemnización de $109.781.999,73. Según reconstruyeron La Política Online y Tiempo Argentino, al día siguiente de formalizar su salida comenzó a trabajar en otro organismo estatal: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Una salida millonaria y un nuevo cargo en 24 horas

Neira había ingresado al Estado en 2012 y desarrolló buena parte de su carrera en organismos vinculados al área de comunicaciones. En ENACOM ocupaba un cargo jerárquico vinculado a Contabilidad y Finanzas.

La cronología publicada por Tiempo Argentino resulta particularmente llamativa: los trámites relacionados con su incorporación al INTA comenzaron el 1° de julio, mientras que el 28 de julio quedó habilitado el pago de la indemnización. El 31 de julio se concretó su desvinculación de ENACOM y el 1° de agosto comenzó su nueva etapa laboral en el INTA.

La liquidación estuvo compuesta, según las publicaciones consultadas, por aproximadamente $73 millones por antigüedad, $24 millones por vacaciones no gozadas y $9 millones por preaviso, hasta alcanzar los casi $110 millones.

El Estado como un solo empleador

El caso genera además un interrogante administrativo: ¿cómo se explica que una persona reciba una indemnización por desvincularse del Estado y prácticamente de inmediato vuelva a incorporarse a otro organismo estatal?

Tiempo Argentino señaló que, según el criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación citado en su investigación, el Estado puede ser considerado un único empleador en sentido amplio.

Esto no significa, por sí mismo, que exista un delito o que la contratación sea ilegal. Pero sí plantea preguntas sobre los mecanismos utilizados para autorizar el retiro, pagar la indemnización y concretar simultáneamente una nueva contratación dentro de la administración pública.

Desde el entorno gubernamental consultado por La Política Online también cuestionaron la situación y plantearon dudas sobre cómo el procedimiento pudo atravesar los controles internos. Esas apreciaciones corresponden a fuentes citadas por el medio y no constituyen una resolución administrativa o judicial que determine irregularidades.

La motosierra, los retiros y una pregunta incómoda

El episodio adquiere relevancia política por el contexto en el que ocurre: el Gobierno de Javier Milei sostiene desde el comienzo de su gestión una política de reducción del tamaño del Estado, eliminación de estructuras y promoción de retiros voluntarios.

En ese escenario, que un funcionario reciba una indemnización cercana a $110 millones y vuelva inmediatamente a ocupar un puesto jerárquico en otro organismo público abre una discusión sobre qué sentido tiene la desvinculación y quién termina pagando el costo de esas decisiones.

La pregunta de fondo no es solamente cuánto cobró Neira.

Es por qué el Estado pagó una indemnización millonaria por una salida que, apenas 24 horas después, se convirtió en una nueva incorporación dentro del propio Estado.

Por ahora, las publicaciones periodísticas conocidas exponen la secuencia y los montos, pero no establecen que haya existido un delito. La documentación administrativa y las explicaciones oficiales serán las que permitan determinar si se trató de un procedimiento regular, una falla de coordinación entre organismos o una situación que amerite investigaciones adicionales.

Fuentes: La Política Online y Tiempo Argentino. La cifra publicada es de $109.781.999,73 y la secuencia central —ENACOM hasta el 31 de julio e incorporación al INTA desde el 1° de agosto— aparece reportada por ambas investigaciones