MALVINAS: LA JUSTICIA FRENA SEA LION Y LE DA UN DURO GOLPE A LA OFENSIVA DE MILEI

La jueza Mariel Borruto hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), y ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con el emprendimiento.

La resolución alcanza a las perforaciones del lecho y subsuelo marino, instalaciones submarinas, conductos, sistemas de fondeo, unidades flotantes, infraestructura terrestre y portuaria y el comienzo de la extracción comercial de hidrocarburos.

El punto que complica al proyecto

Uno de los argumentos centrales de la jueza es que, según un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Gobierno nacional, no se había iniciado un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para las empresas involucradas.

Para Borruto, ese elemento resulta determinante porque la legislación ambiental argentina exige una evaluación previa para actividades que puedan degradar significativamente el ambiente.

La cautelar permanecerá vigente hasta que la autoridad ambiental nacional tramite la evaluación correspondiente y adopte una decisión, o hasta que el propio juzgado disponga otra cosa.

Un golpe político en plena ofensiva por Malvinas

La resolución llega después de que el Gobierno de Javier Milei profundizara su ofensiva contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas y anunciara procedimientos sancionatorios contra compañías y personas relacionadas con esas actividades.

El propio Gobierno había presentado la cuestión Malvinas como una política de defensa de la soberanía y anunció medidas administrativas, diplomáticas y jurídicas contra quienes participen de la explotación de recursos en el área reclamada por la Argentina.

Ahora, paradójicamente, es la Justicia argentina la que toma una decisión concreta para detener el avance material del proyecto, aunque por fundamentos vinculados tanto con la soberanía como con el derecho ambiental preventivo.

La jueza incluso señaló que la controversia no se reduce a una cuestión ambiental, porque también involucra “la defensa de la soberanía nacional”, pero aclaró que la cautelar no resuelve la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

¿Qué ordenó exactamente la Justicia?

La medida dispone:

🔴 Suspender las perforaciones.

🔴 Frenar la instalación de infraestructura submarina.

🔴 Impedir el comienzo de la explotación comercial.

🔴 Detener las obras terrestres y portuarias vinculadas al proyecto.

🔴 Exigir información sobre el estado del emprendimiento.

🔴 Preservar documentación técnica, ambiental, financiera, contractual y societaria.

Además, Rockhopper y Navitas deberán informar sobre contratistas, financiamiento, aseguradoras y el estado actual del proyecto.

Pero hay una aclaración fundamental

No se trata de una sentencia definitiva contra las empresas.

La propia jueza Borruto dejó expresamente establecido que la medida cautelar no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre todas las cuestiones de fondo de la causa.

Tampoco la resolución resuelve la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Lo que sí hace es frenar, por ahora, el avance concreto de un proyecto petrolero que contempla una explotación de gran escala en el área de Malvinas.

LECTURA POLÍTICA

Mientras el Gobierno busca mostrar una nueva etapa de endurecimiento en la cuestión Malvinas, con sanciones, denuncias y proyectos legislativos, la Justicia acaba de poner un límite concreto al avance del proyecto Sea Lion.

La discusión ahora pasa por algo mucho más profundo que un anuncio: qué Estado controla los recursos, qué autorizaciones son necesarias y qué controles ambientales deben cumplirse antes de perforar y extraer hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Malvinas vuelve a estar en el centro de la escena.

Y esta vez, el freno llegó desde un juzgado federal de Río Grande.