REVOLUCIÓN FEDERAL, CAPUTO HERMANOS Y EL DINERO DETRÁS DE LOS DISCURSOS DE ODIO
Hora ReimonLa periodista y especialista en temas judiciales Irina Hauser volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas más incómodas de la investigación sobre Revolución Federal: ¿quién puso dinero detrás de una organización que protagonizó movilizaciones violentas, amenazas y discursos de odio contra dirigentes políticos?
Su señalamiento apunta directamente a los vínculos comerciales entre Caputo Hermanos, empresa vinculada a los hermanos del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y Jonathan Morel, uno de los principales referentes de Revolución Federal.
Según la reconstrucción difundida por Hauser, la cuestión no se limita a una relación comercial entre una empresa y un carpintero. El punto central es el contexto en el que se produjeron los pagos y las expresiones violentas que circulaban alrededor de la agrupación.
“Eran los que llevaban guillotinas, antorchas y en Twitter Spaces decían sin filtro que había que matar a Cristina; y después hubo un tipo que quiso matarla”.
La frase de Hauser establece una conexión política y cronológica que, sin embargo, no equivale a una conclusión judicial sobre que Revolución Federal haya participado en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, esa vinculación nunca fue acreditada judicialmente.
Lo que sí quedó incorporado a distintas investigaciones fueron los mensajes y acciones violentas protagonizados por integrantes de Revolución Federal. La Justicia documentó, entre otros episodios, marchas con antorchas y una guillotina, además de expresiones como “presos, muertos o exiliados” y “cárcel o bala”.
LOS MILLONES QUE LLEGARON A MOREL
La investigación sobre el financiamiento se originó, entre otros elementos, en transferencias detectadas por la Unidad de Información Financiera.
De acuerdo con la documentación judicial citada por medios que accedieron al expediente, los pagos vinculados a Caputo Hermanos y los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo superaron los $6 millones durante 2022, destinados a Morel y personas de su entorno. Otras reconstrucciones periodísticas habían contabilizado montos superiores según las operaciones consideradas.
La explicación empresarial fue que se trataba de trabajos reales de carpintería destinados a emprendimientos inmobiliarios.
La historia tiene como protagonista a Rosana Caputo, hermana del ministro, quien según la investigación conoció a Morel a fines de 2021, antes de que Revolución Federal fuera creada formalmente en mayo de 2022.
La defensa sostuvo que el vínculo comercial comenzó por un encargo de muebles para el barrio Santa Clara al Sur y posteriormente se amplió a un proyecto en Añelo, Neuquén.
El expediente determinó que los muebles efectivamente fueron fabricados, trasladados e instalados. La Policía de Seguridad Aeroportuaria incluso constató posteriormente la existencia de los muebles en las unidades de Espacio Añelo.
EL ARGUMENTO QUE LA JUSTICIA ACEPTÓ
El 15 de septiembre de 2026, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo.
El magistrado concluyó que no se pudo demostrar que las operaciones comerciales hubieran sido una pantalla destinada a financiar las actividades de Revolución Federal. Según el fallo, no aparecieron comunicaciones, testimonios ni documentación suficiente que permitieran establecer esa finalidad criminal.
El juez también consideró relevante que el vínculo comercial entre Rosana Caputo y Morel se había iniciado antes del nacimiento formal de Revolución Federal, un elemento utilizado para descartar que la contratación hubiese sido diseñada para financiar al grupo.
En paralelo, Martínez de Giorgi elevó a juicio oral a Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano, por los hechos vinculados con amenazas e incitación a la violencia colectiva.
LA PREGUNTA QUE SIGUE ABIERTA
La decisión judicial no elimina el debate sobre la relación entre dinero, discursos de odio y violencia política.
Una cosa es lo que quedó probado respecto de los trabajos de carpintería: los muebles existieron y fueron entregados.
Otra, muy diferente, era determinar si esos pagos comerciales constituían en realidad un mecanismo encubierto para financiar a Revolución Federal.
Por ahora, el juez concluyó que esa segunda hipótesis no pudo ser probada.
Pero el debate periodístico planteado por Hauser apunta a otro lugar: al contexto político y social en el que una organización podía exhibir guillotinas, convocar a movilizaciones violentas y difundir amenazas contra dirigentes políticos mientras algunos de sus referentes mantenían relaciones económicas con empresarios.
Y ahí aparece una pregunta que sigue siendo incómoda:
¿Dónde termina una relación comercial y dónde comienza el financiamiento de una estructura política violenta?
La Justicia acaba de dar una respuesta para este expediente. Pero la discusión sobre el clima de violencia política previo al atentado contra Cristina Kirchner continúa abierta.
FUENTES Y CONTEXTO
La causa judicial investigó por separado el presunto financiamiento de Revolución Federal y la tentativa de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. No existe una condena judicial que establezca que Caputo Hermanos financió el atentado ni que Revolución Federal haya organizado el ataque. Esa distinción resulta fundamental para no transformar hipótesis de investigación o interpretaciones periodísticas en hechos judicialmente acreditados.
Hora Reimon