La historia que reveló el periodista Hugo Alconada Mon coloca al Banco Nación en el centro de una controversia que ya llegó a la Justicia federal.

El protagonista es Pablo Pourrere, gerente zonal del Banco Nación en Mar del Plata, quien se negó a avanzar con la firma de un crédito millonario destinado a Jardines de Chauvín SA, sociedad creada en junio de 2024 para desarrollar dos torres en el barrio Chauvín de Mar del Plata.

Según la investigación publicada por La Nación, la sociedad no tenía obras previas, no registraba ingresos declarados y presentaba un resultado negativo en su primer ejercicio.

Pourrere planteó objeciones técnicas y pidió que una evaluadora externa analizara el proyecto.

La respuesta que recibió posteriormente fue un traslado a Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata.

EL CRÉDITO QUE NACIÓ EN BUENOS AIRES

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que, según una auditoría interna del propio Banco Nación, el financiamiento no habría comenzado a pedido de la empresa en la sucursal marplatense.

El área de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios de la Casa Central habría tomado contacto con el estudio de arquitectura vinculado al proyecto y posteriormente impulsó el proceso.

La propuesta inicialmente contemplaba unos $35.600 millones, pero luego apareció una corrección que llevó el monto a aproximadamente $52.600 millones.

Para Pourrere, las condiciones del expediente requerían mayores controles.

Entre sus objeciones señaló que se atribuían a Jardines de Chauvín antecedentes de obras correspondientes a 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

También solicitó una evaluación externa del proyecto.

EL NOMBRE QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

El principal accionista de Jardines de Chauvín SA es Mariano Jinkis, quien posee el 90% de las acciones.

Su nombre tiene un antecedente particularmente sensible: junto con su padre, Hugo Jinkis, admitió recientemente ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015, en el marco de la investigación conocida como FIFAgate.

El acuerdo alcanzado en Estados Unidos contempla el pago de US$50 millones y evita una declaración formal de culpabilidad.

La propia área de Integridad del Banco Nación había elaborado un informe sobre Jinkis y recomendado un “criterio reforzado de debida diligencia” si finalmente se avanzaba con el crédito.

Sin embargo, según la investigación de Alconada Mon, ese informe elaborado el 19 de febrero recién llegó a manos de Pourrere el 26 de marzo.

“AVANZAR CON LA PROPUESTA FORMAL”

Otro elemento aparece en la documentación relevada por la auditoría.

El 3 de marzo, desde el área central del Banco Nación le solicitaron a Pourrere avanzar con la propuesta formal de financiamiento, incluyendo además la apertura de cuentas y otros productos bancarios para los socios.

Pourrere se negó.

Después llegaron a Mar del Plata distintos documentos vinculados al proyecto, incluido el informe de debida diligencia sobre Jinkis y la documentación con el monto corregido del crédito.

Y también apareció la resolución de traslado.

¿REPRESALIA O DECISIÓN ADMINISTRATIVA?

Acá está uno de los puntos centrales de la controversia.

Pourrere denunció que su traslado estaba relacionado con su negativa a avanzar con el crédito y planteó ante la Justicia que había sufrido presiones indebidas.

El Banco Nación rechaza esa interpretación.

La entidad sostiene que el traslado había sido decidido por una resolución del Directorio del 20 de febrero, es decir, antes de la negativa de Pourrere y antes de que comenzara la auditoría interna.

Según el Banco, ambas cuestiones siguieron “carriles institucionales independientes”.

La Justicia, por ahora, no resolvió definitivamente quién tiene razón.

Pero sí tomó una decisión importante: frenó provisoriamente el traslado del gerente.

LA AUDITORÍA DEL PROPIO BANCO

La investigación adquiere todavía más peso porque varias de las objeciones de Pourrere fueron posteriormente reflejadas en una auditoría interna.

El informe detectó, entre otros puntos:

• Deficiencias e inconsistencias en el procedimiento.

• Debilidades en la documentación respaldatoria.

• Falta de evidencia sobre experiencia comprobable de la sociedad en construcción de viviendas.

• Falta de documentación que acreditara determinados vínculos del proyecto.

• Riesgo de un eventual otorgamiento inadecuado del préstamo.

• Posibles pérdidas económicas para el banco.

• Riesgo reputacional.

Finalmente, el 18 de mayo, el Banco Nación rechazó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvín SA, invocando factores vinculados al riesgo reputacional y a la integridad.

El crédito de $52.600 millones no fue otorgado.

LA JUSTICIA FRENÓ EL TRASLADO

Pourrere recurrió a la Justicia federal.

El juez subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, dictó una medida cautelar y dejó en suspenso el traslado.

Según el fallo citado por La Nación, el magistrado consideró, en principio, que la medida no parecía estar suficientemente fundada en razones objetivas y técnicas y valoró las objeciones planteadas por el gerente, las inconsistencias detectadas y las presuntas presiones denunciadas.

La cautelar no significa que la Justicia haya determinado que existió una represalia.

Pero sí implica que, por ahora, el traslado quedó judicialmente frenado.

LECTURA POLÍTICA

Hay una pregunta inevitable detrás de todo este episodio:

¿Qué ocurre cuando un gerente de un banco público se niega a firmar una operación millonaria porque considera que existen elementos que deben revisarse?

La respuesta institucional debería ser sencilla: se analiza el expediente, se corrigen las inconsistencias y se protege al funcionario que cumple con los controles.

Lo ocurrido en este caso plantea una situación mucho más compleja.

Porque la secuencia temporal resulta difícil de ignorar: objeciones del gerente, pedido de mayores controles, negativa a avanzar, traslado a 1.300 kilómetros, auditoría interna, rechazo posterior del crédito y finalmente una cautelar judicial que frena el desplazamiento.

Eso no demuestra por sí solo que haya existido una represalia.

Pero sí alcanza para justificar preguntas.

Y esas preguntas deberían responderse con documentos, no con comunicados.

El Banco Nación asegura que el traslado y el crédito fueron procesos independientes.

Pourrere sostiene exactamente lo contrario.

La auditoría interna encontró inconsistencias.

La Justicia frenó el traslado.

Y el crédito finalmente no se otorgó.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si detrás de esta sucesión de hechos hubo simplemente decisiones administrativas independientes o si existió algún tipo de presión vinculada con una operación crediticia de más de $52.600 millones.

Porque cuando hablamos del Banco Nación, no estamos hablando de plata privada: estamos hablando de recursos de una entidad pública.

Y cada peso que se presta merece controles.

Cada funcionario que objeta una operación merece garantías.

Y cada decisión de semejante magnitud merece transparencia.

Hora Reimon