«EL JUJEÑAZO NO SE ENCARCELA»
“El Jujeñazo no se encarcela”.
La consigna vuelve a tomar fuerza en Jujuy mientras se acerca el 26 de octubre, fecha prevista para el inicio del juicio oral contra 19 personas acusadas por su participación en las protestas de junio de 2023 contra la reforma de la Constitución provincial impulsada durante el gobierno de Gerardo Morales.
Entre los acusados se encuentra Miguel “Coya” Ramos, integrante de AJI-20 y fundador de la Biblioteca Popular Niños Pájaros, quien habló con Marcela Gutiérrez para Karne de Máquina sobre el proceso que enfrenta junto a otros manifestantes.
Para Ramos, lo que está en discusión excede ampliamente los hechos ocurridos durante aquellas jornadas.
“No juzgan un hecho puntual”, sostiene, sino el derecho de los sectores populares a organizarse, expresarse y construir espacios colectivos.
UNA REFORMA QUE PROVOCÓ UNA REBELIÓN
En junio de 2023, Jujuy fue escenario de una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años.
La reforma constitucional impulsada por Morales generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales, comunidades indígenas, sindicatos, docentes y distintos sectores de la sociedad jujeña.
Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y dejaron personas heridas y detenidas.
Uno de los puntos más cuestionados estuvo relacionado con las modificaciones vinculadas a la protesta social y a los derechos de las comunidades originarias.
La tensión llegó a su punto máximo el 17 de junio de 2023, cuando una multitud intentó ingresar a la Legislatura provincial y se produjeron enfrentamientos con la Policía.
La represión fue denunciada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
DOS JUSTICIAS PARA UN MISMO CONFLICTO
El reclamo de quienes serán juzgados plantea una contradicción:
¿qué ocurrió con las responsabilidades por la represión de 2023?
Mientras los manifestantes enfrentan un proceso penal, organizaciones que acompañan a los acusados sostienen que las responsabilidades estatales por la violencia desplegada durante aquellas jornadas no tuvieron un tratamiento equivalente.
Desde ese sector denuncian que existe una persecución contra quienes participaron de las protestas y que el proceso judicial busca disciplinar futuras expresiones de protesta.
Es una acusación política que deberá ser contrastada con las actuaciones judiciales y las pruebas incorporadas al expediente.
“ENSEÑAR A PENSAR” TAMBIÉN PUEDE SER PELIGROSO
La historia de Miguel “Coya” Ramos agrega otro elemento.
Fundador de la Biblioteca Popular Niños Pájaros, su trayectoria está vinculada al trabajo comunitario, la educación popular y la organización barrial.
Por eso, su interpretación del juicio va más allá de su propia situación.
La pregunta que plantea es incómoda:
¿se está juzgando solamente la conducta de determinadas personas durante una protesta o se intenta enviar un mensaje a toda una sociedad sobre los límites de la organización y la protesta?
Porque cuando un conflicto social termina en tribunales, no solamente están en juego las personas imputadas.
También queda bajo discusión el derecho a reclamar, movilizarse y cuestionar las decisiones del poder.
LECTURA POLÍTICA
El Jujeñazo fue uno de los grandes conflictos sociales de la Argentina reciente.
La reforma constitucional de Morales abrió una disputa que combinó derechos laborales, protesta social, pueblos originarios, territorio y poder político.
Tres años después, el conflicto continúa en otro escenario: los tribunales.
La discusión de fondo no debería ser solamente qué pena corresponde —si corresponde alguna— a quienes participaron de las protestas.
También debería preguntarse qué responsabilidad tuvo el Estado frente a la represión y qué garantías existen para que el derecho a protestar no termine convertido en delito.
Si la respuesta institucional frente a una protesta es solamente penalizar a quienes estuvieron en la calle, mientras las denuncias sobre violencia estatal quedan sin una respuesta equivalente, la democracia corre el riesgo de transformar un conflicto político en un expediente judicial.
El Jujeñazo puede ser juzgado.
Pero la protesta social no puede ser encarcelada.
📻 “EL JUJEÑAZO NO SE ENCARCELA”
El próximo 26 de octubre, 19 personas volverán a encontrarse frente a los tribunales por aquel conflicto que sacudió a Jujuy en 2023.
La historia todavía no terminó.
Y la pregunta permanece:
¿se busca hacer justicia o disciplinar la protesta?
Por Marcela Gutiérrez, para Karne de Máquina.
Adaptación y publicación: Hora Reimon.
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