La pelea por las reservas de oro del Banco Central volvió a escalar y ahora amenaza con terminar en los tribunales.

La senadora Juliana Di Tullio anunció una denuncia penal contra el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y lanzó una acusación durísima: sostuvo que es falso que la Auditoría General de la Nación (AGN) haya objetado o aprobado el balance correspondiente a 2025.

Según afirmó Di Tullio, la AGN “aún no ha podido hacer ninguna auditoría porque se lo impide él”, en referencia a Bausili.

La acusación es políticamente explosiva porque coloca en el centro de la discusión no solamente el destino de las reservas de oro, sino también el acceso de los organismos de control a la información sobre los activos del Estado.

¿QUÉ SE ESTÁ DISCUTIENDO?

El punto central es determinar qué ocurrió con las reservas de oro del BCRA, dónde se encuentran actualmente, bajo qué modalidad fueron trasladadas o utilizadas y, fundamentalmente, qué controles institucionales se realizaron sobre esas operaciones.

Di Tullio sostiene que la explicación oficial sobre la actuación de la AGN es incorrecta y que no puede hablarse de una aprobación o de una auditoría que, según su denuncia, todavía no pudo realizarse.

La AGN tiene justamente entre sus funciones el control externo del sector público nacional y la evaluación de las cuentas y la gestión estatal.

Por eso, si efectivamente un organismo de control no pudo acceder a la información necesaria para auditar una operación de esta magnitud, la discusión deja de ser solamente financiera y pasa a ser institucional.

 “¿QUIÉN CONTROLA AL QUE CONTROLA?”

La pregunta que queda flotando es sencilla:

¿Quién controla qué hace el Gobierno con un activo estratégico del Estado si el organismo constitucional encargado de auditarlo no puede acceder a la documentación necesaria?

El Gobierno, por su parte, tiene la posibilidad de presentar la documentación correspondiente y demostrar con precisión qué operaciones se realizaron, qué cantidad de oro estuvo involucrada, dónde está contabilizada y qué organismos intervinieron en su control.

Porque en materia de reservas nacionales, la transparencia no debería depender de quién gobierna.

EL ORO COMO ACTIVO ESTRATÉGICO

El debate tampoco ocurre en el vacío.

En los últimos días, distintos bancos centrales del mundo volvieron a discutir la ubicación y custodia de sus reservas de oro frente a los riesgos geopolíticos y financieros internacionales. Países europeos, por ejemplo, han revisado la ubicación de parte de sus reservas mantenidas en el exterior.

El oro no es simplemente una cifra más de una planilla contable: es un activo estratégico de los bancos centrales y forma parte de las reservas internacionales.

Por eso cualquier movimiento relevante merece información, documentación y control institucional.

UNA DENUNCIA QUE AHORA DEBERÁ PROBARSE

La acusación de Di Tullio es grave. Pero precisamente por eso corresponde que sea investigada.

Decir que alguien “se afanó el oro argentino” implica atribuirle un delito. Eso no puede darse como un hecho comprobado mientras no exista una investigación que determine responsabilidades.

Lo que sí puede y debe discutirse públicamente es:

• dónde está el oro;
• qué cantidad fue trasladada;
• quién autorizó las operaciones;
• cuál fue el destino de las reservas;
• qué documentación existe;
• qué controles realizó el BCRA;
• qué intervención tuvo la AGN;
• y si efectivamente se obstaculizó o no una auditoría.

EL PROBLEMA NO ES SOLO EL ORO

Si la denuncia avanza, el verdadero problema político puede ser todavía mayor.

Porque no alcanza con decir “las cuentas están aprobadas”.

Hay que poder demostrar quién las auditó, cuándo las auditó, con qué documentación y qué observaciones realizó.

En un Estado democrático, el control no debería ser visto como una molestia.

El control es justamente lo que permite saber qué se hizo con los bienes de todos.

Y si el Gobierno está convencido de que actuó correctamente, tiene una salida muy sencilla:

ABRIR LOS LIBROS, MOSTRAR LOS PAPELES Y QUE AUDITEN.

Porque cuando hablamos del oro de las reservas argentinas, no estamos hablando del patrimonio de un funcionario. Estamos hablando de activos que pertenecen al Estado argentino.

Hora Reimon