CAPUTO Y EL CAMPO DE 8.000 HECTÁREAS: PATRIMONIO, DEUDA Y UNA HISTORIA QUE VUELVE A ESTAR BAJO LA LUPA

La declaración jurada patrimonial de Luis Caputo vuelve a generar interrogantes sobre el crecimiento de la riqueza de uno de los funcionarios más influyentes de la Argentina.

Según una investigación publicada por Diagonales, el actual ministro de Economía declaró la propiedad de un campo de 81.530.000 metros cuadrados, ubicado en la ciudad bonaerense de Alberti. Se trata de más de 8.000 hectáreas, una extensión que representa aproximadamente el 40% de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El inmueble figura como una propiedad rural con vivienda y, según la declaración jurada citada por el medio, fue adquirido mediante un crédito y pertenece en su totalidad a Caputo. El terreno ingresó a su patrimonio en 2016, mientras se desempeñaba en el área económica del gobierno de Mauricio Macri.

DEL CAMPO AL BONO CENTENARIO

El dato adquiere mayor relevancia por el contexto en el que se produjo la adquisición.

Caputo fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri y tuvo un papel central en la política de endeudamiento de aquella administración. En junio de 2017, la Argentina colocó el denominado Bono Centenario, un título de deuda por US$ 2.750 millones con vencimiento a 100 años.

La operación quedó asociada para siempre a la trayectoria de Caputo: el Estado argentino asumía una obligación que se proyectaba hasta el año 2117, mientras el entonces ministro avanzaba con decisiones patrimoniales de gran magnitud.

Un año después, en 2018, el gobierno de Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional un préstamo por alrededor de US$ 57.000 millones, que se convirtió en uno de los principales capítulos del endeudamiento argentino de las últimas décadas.

CASI $20.000 MILLONES DE PATRIMONIO

La investigación de Diagonales también sostiene que Caputo cerró 2025 con un patrimonio declarado cercano a los $19.500 millones, luego de registrar ganancias patrimoniales de casi $8.000 millones durante ese año.

El campo de Alberti aparece como uno de los principales componentes de ese patrimonio y, según la publicación, su valor fiscal declarado supera individualmente los patrimonios de varios integrantes del actual Gobierno.

A ese inmueble se suman, según la declaración jurada relevada por el medio, departamentos, una casa quinta, otros terrenos rurales, cocheras, vehículos y embarcaciones.

LA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA

La cuestión no pasa solamente por cuánto patrimonio posee un funcionario público.

El interrogante político aparece cuando se observa simultáneamente la evolución de su patrimonio y las decisiones de endeudamiento en las que tuvo responsabilidades institucionales.

Caputo fue protagonista de algunos de los principales procesos de endeudamiento de la Argentina reciente. Primero durante el macrismo, cuando participó de la emisión del bono a 100 años y de las negociaciones financieras que precedieron al acuerdo con el FMI, y luego durante el gobierno de Javier Milei, donde volvió a ocupar un lugar central en la conducción económica.

No se trata de afirmar que la adquisición de un inmueble implique por sí misma una irregularidad. La información publicada surge de declaraciones juradas patrimoniales y de una investigación periodística. Pero la magnitud de la propiedad y la coincidencia temporal con decisiones financieras históricas justifican, al menos, que la evolución patrimonial del funcionario sea examinada públicamente.

MIENTRAS TANTO, LA DEUDA LA PAGA TODA LA SOCIEDAD

La discusión adquiere otra dimensión cuando se recuerda que las deudas contraídas por el Estado no desaparecen cuando cambian los gobiernos.

Los bonos, los préstamos y sus intereses terminan formando parte de las obligaciones que debe afrontar el conjunto de la sociedad argentina.

Por eso, cuando un funcionario que tuvo responsabilidades directas sobre el endeudamiento nacional exhibe simultáneamente un patrimonio de enormes dimensiones, la pregunta inevitable es quién ganó, quién perdió y quién terminó pagando la cuenta.

La historia del bono a 100 años todavía está lejos de terminar. Y la evolución patrimonial de quienes participaron de aquellas decisiones tampoco debería quedar fuera del debate público.

Porque cuando el poder administra la deuda, también hay que mirar quién administra la riqueza.

HORA REIMON
Donde el poder incomoda, ahí estamos.