DENUNCIAN QUE CUATRO MAPUCHE TEHUELCHE SON ACUSADOS DE “USURPAR” SU PROPIO TERRITORIO EN GUALJAINA
El conflicto por las tierras de comunidades originarias vuelve a quedar en el centro de la escena en Chubut. El juez Ricardo Rolón rechazó el pedido presentado por el abogado Luis Virgilio Sánchez para suspender la causa penal contra cuatro integrantes del Pueblo Mapuche Tehuelche, acusados de usurpación en la localidad de Gualjaina.
La decisión judicial mantiene abierta una causa que, según la defensa, se encuentra atravesada por una disputa previa sobre la titularidad y adjudicación de las tierras en cuestión.
La abogada Sonia Ivanoff, representante legal de comunidades Mapuche Tehuelche en el fuero contencioso administrativo, cuestionó duramente el accionar del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y la actuación del Ministerio Público Fiscal, encabezado en este caso por María Bottini e Ismael Cerdá.
Según planteó la letrada, el organismo provincial habría adjudicado a un tercero hectáreas que se encontraban reservadas por ley para comunidades originarias. Además, denunció que se habrían omitido mecanismos obligatorios de consulta previa y el dictamen de la Comisión de Tierras Indígenas.
El planteo adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la defensa, las tierras forman parte de una reserva establecida por legislación nacional para comunidades aborígenes.
Ivanoff sostuvo que, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por integrantes del Pueblo Mapuche, el IAC avanzó igualmente con la entrega de las tierras.
UNA CAUSA PENAL EN MEDIO DE UNA DISPUTA ADMINISTRATIVA
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa apunta precisamente al uso de esa adjudicación administrativa como fundamento de la acusación penal.
La abogada cuestionó que la Fiscalía pretenda utilizar una resolución administrativa para sostener la acusación por usurpación y avanzar hacia un juicio, pese a que dicho acto administrativo se encuentra actualmente suspendido por una medida cautelar de no innovar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Esquel.
El planteo abre una discusión central: si la validez del acto administrativo que habría determinado la situación de las tierras está siendo discutida judicialmente y permanece cautelada, ¿puede esa misma resolución ser utilizada como sustento para una acusación penal?
Para la defensa, la respuesta debería ser negativa.
CRÍTICAS AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Ivanoff también cuestionó el accionar de los fiscales y sostuvo que existiría una pérdida del principio de objetividad, además de un desconocimiento de las garantías establecidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La letrada criticó particularmente que la Fiscalía haya planteado una conciliación como única alternativa frente a la posibilidad de elevar la causa a juicio.
Desde la perspectiva de las comunidades, el conflicto no puede analizarse exclusivamente como un expediente penal. Detrás de la acusación existe una disputa por el territorio, por el reconocimiento de derechos indígenas y por la actuación de organismos estatales que, según denuncia la defensa, deberían haber respetado procedimientos específicos antes de avanzar con la adjudicación de las tierras.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre justicia penal, derechos territoriales indígenas y decisiones administrativas del Estado.
La pregunta que atraviesa el expediente resulta incómoda: ¿puede hablarse de “usurpación” cuando quienes son acusados sostienen que se trata de un territorio reservado para comunidades originarias y que la propia adjudicación estatal está judicialmente cuestionada?
Mientras la causa penal continúa, la disputa administrativa sigue abierta. Y en el medio quedan cuatro integrantes del Pueblo Mapuche Tehuelche que deberán enfrentar un proceso judicial en un conflicto que, según su defensa, comenzó mucho antes de que apareciera la acusación penal.
Hora Reimon — Donde el poder incomoda, ahí estamos.